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LAS ESPINAS DEL DINERO
Por Reinaldo Escobar, desde La Habana
Casi resulta superfluo explicar que cualquier actividad política genera gastos,
desde la imprescindible existencia de cuadros profesionales que se dediquen a
tiempo completo al trabajo partidista, hasta la elaboración y difusión de
documentos, pasando por la realización de viajes, que implican transportación,
alimentación y hospedaje fuera de las ciudades donde se reside; la organización
de un seminario, un congreso o una conferencia de prensa, o simplemente
conectarse a Internet ¿Puede pensarse en que es posible hacer política sin
realizar estas cosas?
No existe la más mínima posibilidad de que una entidad en la incipiente sociedad
civil cubana pueda fundar algo parecido a una empresa lucrativa, que tenga como
propósito sufragar los gastos del trabajo político. No hay una paladar,
ni una casa particular que alquile habitaciones, ni un taller de reparaciones de
bicicletas, ni un payaso animador de cumpleaños que se atreva ni que pueda
enfrentar esos gastos. Ni uno sólo de los dirigentes de la oposición interna
posee un caudal de dinero propio, fruto del patrimonio familiar de antes de la
revolución, ni tiene joyas que vender o herencia que disfrutar, la mayoría de
ellos ni siquiera recibe un salario, pues son desempleados. Sin embargo se
dedican a la política de forma profesional, se transportan, se hospedan, hacen
congresos, imprimen documentos, reciben y envían correos electrónicos. ¿De dónde
sale el dinero?
La respuesta que da el gobierno cubano a esta pregunta es que el dinero viene de
los Estados Unidos, bien de los exiliados de la Florida, de fundaciones
independientes o del propio gobierno norteamericano, quien, por si quedaban
dudas, acaba de aprobar un presupuesto de 80 millones de dólares para esos
efectos. Se sabe que algunos países de la Unión Europea o de América Latina
también hacen aportes, pero está claro que, según la interpretación oficial de
los hechos, este último dinero también viene, a la larga, de los Estados Unidos,
a través de un extenso e intrincado camino.
Quizás la pregunta más interesante no sea de dónde viene el dinero, sino bajo
cuáles condiciones se recibe.
José Martí recolectó la financiación para la revolución independentista entre
los abnegados tabaqueros de Tampa, pero también de acaudalados filántropos
norteamericanos, mexicanos y cubanos. Había una foto en el Museo de la
Revolución, hace tiempo ya retirada de las vitrinas, donde se observaba a Fidel
Castro sentado a una mesa delante de una montaña (una montañita) de dólares. La
foto fue tomada en New York, mientras se recaudaban fondos para comprar el yate
Granma más las armas de los 82 expedicionarios. ¿Había algún tipo de
condicionamiento en esas donaciones? ¡Claro que sí! Ese dinero se daba en el
primer caso, para terminar con la humillante colonia española y en el segundo,
bajo la condición de derrocar la tiranía de Batista. No hay evidencias, ni
siquiera chismes de pasillo, que den a entender que el dinero se usara para
beneficio personal del apóstol, quien andaba siempre con el mismo raído traje
negro, ni para lujos del máximo líder que, se dice, no cruzaba las piernas en
público para que nadie viera los huecos en la suela de sus zapatos.
Mucha, muchísima fue la ayuda que recibió después la triunfante revolución
cubana desde la Unión Soviética y del resto de los países socialistas, y no
hablo solamente de lo que eufemísticamente se denomina un “justo intercambio
comercial entre países pobres y países desarrollados”. Hablo de barcos llenos de
armas y otros pertrechos de guerra, hablo de becas universitarias, transferencia
de tecnología, colaboración de inteligencia policial, hasta viajes al cosmos,
que nunca habrían tenido lugar si Cuba no hubiera cumplido con la condición de
convertirse en el primer país socialista del hemisferio occidental. Es un hecho
histórico que cuando Che Guevara viajó a la República Popular China, al final de
la visita se redactó, como es costumbre, un “comunicado conjunto” en el que la
parte china, en un alarde de sinceridad, objetó la calificación de
“desinteresada” hecha por la parte cubana a la ayuda que el gigante asiático
daba a la pequeña isla.
En esos primeros años, paralelamente a la subvención de la revolución, comenzó
el financiamiento de la contrarrevolución. Está perfectamente documentado que al
menos entre 1959 y 1965 casi la totalidad de las actividades opositoras
estuvieron directamente financiadas por la CIA, el Pentágono y el Departamento
de Estado de los Estados Unidos. Los propios protagonistas lo han contado y
todos ellos justificaban esta financiación, muy evidentemente condicionada, con
el hecho de que el gobierno de Fidel Castro estaba apoyado por las potencias
comunistas.
En la actualidad, los opositores cubanos van a la cárcel cuando se demuestra, o
cuando existe la convicción, de que han recibido dinero de los Estados Unidos.
Esa fue en cada caso, la acusación de más peso para las desproporcionadas
condenas a que fueron sometidos los 75 condenados de la primavera negra del
2003. Se llegó a incluir en el mismo saco a periodistas que recibían el pago en
divisas por sus artículos en periódicos extranjeros. Esto trajo, entre otras
consecuencias, nuevas divisiones entre la oposición interna: los que no reciben
dinero y los que lo reciben a través de la Oficina de Intereses norteamericana,
y los que no lo reciben de los Estados Unidos, sino de instituciones
independientes de Europa o de América Latina.
Lo que casi nadie se pregunta es de dónde sale hoy el dinero para publicar todos
esos incosteables periódicos nacionales y provinciales que son órganos del
Partido Comunista, de la Unión de Jóvenes Comunistas o de la Central de
Trabajadores de Cuba. Cómo se han financiado durante años las tribunas abiertas,
las marchas del pueblo combatiente, toda la base material de “la batalla de
ideas”, las campañas por el rescate de los cinco combatientes del Ministerio del
Interior presos en los Estados Unidos, los viajes al exterior, los extranjeros
invitados a eventos políticos, las vallas en las carreteras, los pulóveres con
lemas y consignas, las banderitas. ¿Acaso sería posible pagar todo eso de la
cotización mensual de los miembros de esas organizaciones, que ni siquiera
alcanza para pagar el salario de los miles de cuadros profesionales dispersos a
lo largo y ancho de todo el país, en cada provincia, en cada municipio, que
ocupan locales que no pagan alquiler, donde se consume agua y electricidad,
donde hay teléfonos y secretarias, autos que derrochan combustible y que
incluyen un chofer?
El trabajo político implica desembolsos, hágase desde la oposición o desde el
gobierno. Si el partido que está en el poder cuenta a su disposición con las
cajas abiertas del erario público para sufragar sus gastos y los que están en la
oposición, además de no tener siquiera un reconocimiento legal, tampoco tienen
literalmente ni donde caerse muertos, ¿cuál es la recomendación? ¿Dejar hacer
al gobierno lo que quiera sin brindar la más mínima resistencia, o limitar las
acciones a donde alcance la voz, sin ni siquiera un megáfono para amplificarla?
La única opción a donde son arrinconados los opositores que viven en la isla,
para poder ejercer su tendencia política específica, es la de aceptar
financiación de quien la ofrezca, a menos que se conformen con ser un
“grupúsculo familiar” sin el más mínimo eco en la sociedad. Esto forma parte de
la deliberada intención del gobierno de encarecer cualquier alternativa de
cambio político en la isla. Esta intención encarecedora va desde una larga serie
de consignas numantinas (socialismo o muerte, estamos dispuestos a derramar
hasta la última gota de sangre…, primero se hundirá la isla en el mar…) hasta
la modificación de la Constitución para decretar la inmovilidad del sistema.
Mientras más difícil sea disentir, mejor para el gobierno. Si no son suficientes
los obstáculos materiales y legales, si no es suficiente el miedo a ir a la
cárcel, ahí están los escrúpulos éticos (¿los prejuicios?) que le impiden a las
personas decentes recibir un dinero que los convierte automáticamente en
mercenarios del imperialismo.
Lamentablemente el donante más espléndido, resulta ser el más inaceptable, el
que impone condiciones más onerosas. Para decirlo en el lenguaje popular, el que
nos embarra de mierda hasta las orejas. Porque si algo resulta obvio es que en
todos los programas para impulsar la transición democrática en Cuba, propuestos
por Estados Unidos, ha habido y hay demasiados elementos ingerencistas,
demasiada arrogancia, demasiada manipulación. Resulta sospechoso que la nación
que tiene más propiedades que reclamar tras un cambio sea la que lo financie. De
esa forma, quienes acepten el dinero para obtener la democracia estarán
comprometidos a ser quienes “devuelvan a los monopolios yanquis las riquezas
reconquistadas por el pueblo”. Mejor sería si fuera la potente empresa
venezolana PDVSA, o los amigos del Frente Polisario, o los actuales dirigentes
del MPLA de Angola quienes estuvieran interesados, por puro altruismo, en
colaborar con la emergente sociedad civil cubana, pero esos no son sus intereses.
Lo ideal sería que los medios de difusión cubanos no fueran el feudo de un
partido, sino un espacio público para todas las tendencias políticas; que del
presupuesto del estado se destinara una parte para subvencionar el trabajo de la
sociedad civil y el de los partidos políticos debidamente registrados ante la
ley. Si el estado, en lugar de distribuir de forma equitativa estos fondos y
recursos, tomados de la riqueza que el pueblo trabajador produce, los monopoliza
sólo para un partido predilecto, pierde el derecho moral a preguntar de dónde
sale el dinero de sus opositores. Mucho menos puede negar a nadie la posibilidad
de que se convierta en donante desinteresado o inversionista calculador. El
estado debiera proteger, a los ciudadanos que tengan una propuesta política, el
derecho a defenderla y a ponerla a competir públicamente en igualdad de
condiciones y sin que para hacerlo se vean obligados a venderle el alma al
diablo.
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